6 de julio 2017, Buenos Aires Argentina
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó por 183 votos a favor, cinco en contra y 16 abstenciones un proyecto de ley que legisla sobre la responsabilidad de las empresas en el caso de que cometan cualquier delito recogido en el Código Penal.
«Se aprobó articulado del Proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresarial», anunció la Cámara baja en su cuenta oficial de la red social Twitter.
La mayoría de los bloques parlamentarios consiguieron que el primer artículo del proyecto fuera modificado para que abarcara todos los delitos del Código Penal, y no solo algunos de ellos, como proponía la alianza oficialista Cambiemos.
«Esta ley permite un tratamiento a fondo y no solo sobre algunos delitos», celebró la autora de la iniciativa, la diputada Mónica Litza, del frente Unidos por una Nueva Argentina (UNA) que conduce el peronista Sergio Massa.
La normativa aprobada no deja «ningún cabo suelto» al incluir todos los delitos, de modo que «no habrá un régimen diferente para las personas jurídicas y para las personas físicas», señaló.
En caso de que la empresa imputada sea fusionada o absorbida por otra, su responsabilidad será trasladada a la nueva la persona jurídica resultante de esas operaciones.
Artículos en discusión
A lo largo de cinco horas de debate, los diputados fueron votando uno a uno el articulado de la denominada Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas, a una semana de que se aprobara el texto general de la iniciativa.
Por 131 votos negativos y 87 positivos, la Cámara rechazó el artículo 37 —denominado «artículo Odebrecht»- propuesto por el oficialismo, que establecía que «las personas jurídicas podrán solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz (…) por hechos anteriores a la sanción de la presente ley».
Este artículo permitía al Gobierno firmar acuerdos con empresas que habían cometido delitos de corrupción a cambio de que aportaran información para que les extinguieran la penas impuestas.
En otra parte del proyecto, los diputados modificaron a la baja el régimen de sanciones, de modo que la multa máxima que podría cobrarse a una empresa en caso de que incurra en un hecho delictivo ya no será del 20 por ciento, sino del 10.
Sí fue aprobado el artículo 20, que permite a la empresa llegar a un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público Fiscal para brindar información útil para la pesquisa a cambio de «la suspensión de la persecución», siempre que la causa no haya sido elevada a juicio oral.
También causó controversia el artículo 5 sobre la extinción de la pena.
Por 135 votos a favor y 75 en contra, el texto considera extinta la acción penal para las personas jurídicas que suscriban el acuerdo de colaboración eficaz.
Sobre este asunto, el diputado Rodolfo Tailhade, de la coalición opositora Frente para la Victoria (FpV), consideró que «este es uno de los artículos Odebrecht» porque «en lugar de definir cuáles son las responsabilidades penales, lo estamos llevando al plano de cuáles son los incentivos para la delación».
De ser sancionada en el Senado, la ley establecerá la creación de un Registro Nacional de Personas Jurídicas sancionadas que será de acceso público.
La empresa constructora Odebrecht está siendo investigada en varias causas judiciales de Argentina por supuestos delitos de corrupción.
El texto también contempla otras sanciones complementarias, como la suspensión total o parcial de las actividades de la empresa por no más de diez años, la pérdida de subsidios estatales, e incluso la disolución de la persona jurídica en el caso de que fuera constituida con el propósito de cometer delitos, o si estos se descubrieran como su principal actividad.
Fuente: Sputnik News Mundo /América Latina